Ya hemos hablado previamente en este blog del Reglamento (UE) nº 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la información alimentaria facilitada al consumidor, que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

Para nosotros dicho Reglamento tiene gran importancia, pues implica consecuencias relevantes en lo referente a los alérgenos alimentarios. Concretamente, y de forma muy resumida, respecto a los alimentos envasados se establece que la información sobre los alérgenos deberá aparecer obligatoriamente en la lista de ingredientes,  debiendo destacarse mediante una composición tipográfica que la diferencie claramente del resto de la lista de ingredientes (p. ej., mediante el tipo de letra, estilo o color de fondo). En ausencia de una lista de ingredientes debe incluirse la mención “contiene”, seguida del nombre del alérgeno en cuestón. Para evitar ambigüedades en la interpretación, la propia norma concreta qué alimentos deben considerarse como alérgenos a los efectos del cumplimiento de estas obligaciones, e incluye (en su Anexo II) un listado con 14 sustancias que reproducimos a continuación:

Los mencionados alérgenos también deberán ser indicados en los alimentos no envasados que se vendan al consumidor final, lo cual afecta directamente a todos los establecimientos como bares y restaurantes que sirvan comidas, entre otros muchos.

Los Reglamentos de la Unión Europea, como el que nos ocupa, son obligatorios y directamente aplicables (desde el momento de su entrada en vigor) en los países miembros (como el nuestro). Por ello, y para facilitar su aplicación, entre otros documentos a los que ya nos referimos aquí, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, puso a disposición de las personas interesadas un repertorio de preguntas y respuestas que todavía puede encontrarse en su página web:

Preguntas y respuestas relativas a la aplicación del Reglamento (UE) n° 1169/2011 sobre la información alimentaria facilitada al consumidor.

Independientemente de lo cual, es razonable, y deseable, que cada país miembro publique su propia normativa interna para clarificar aspectos susceptibles de interpretación o para adaptar el mandato a su propia realidad.

Precisamente ayer, día 4 de marzo, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la norma española en cuestión, un Real Decreto que tiene el larguísimo nombre de «Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba la norma general relativa a la información alimentaria de los alimentos que se presenten sin envasar para la venta al consumidor final y a las colectividades, de los envasados en los lugares de venta a petición del comprador, y de los envasados por los titulares del comercio al por menor«.

Este Real Decreto matiza algunos aspectos y apostilla otros. Por ejemplo, respecto a los alimentos no envasados, los que se sirven al consumidor en bares o restaurantes, concreta que la información no tiene necesariamente que proporcionarse escrita al cliente, sino que se puede facilitar de forma oral, siempre y cuando dicha información «se pueda suministrar fácilmente y cuando sea solicitada, antes de finalizar el acto de compra, por parte del personal del establecimiento o a través de medios alternativos que no supongan un coste adicional para el consumidor»; pero, además, dicha información debe estar registrada de forma escrita o electrónica en el establecimiento donde los alimentos se ofrecen para su venta, en un soporte que sea fácilmente accesible tanto para el personal del establecimiento como para las autoridades de control y los consumidores que la soliciten. Se debe indicar, de manera que sea fácilmente visible, claramente legible y accesible a los consumidores, el lugar del establecimiento donde se encuentra disponible esa información, o, de forma opcional, se puede indicar que los consumidores pueden dirigirse al personal del establecimiento para obtener tal información.

Por otra parte, se especifica que las indicaciones correspondientes a la información alimentaria obligatoria se expresarán, al menos, en castellano, lengua española oficial de todo el Estado. Aunque con carácter general se admite que los productos tradicionales elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una comunidad autónoma con lengua oficial propia pueden constituir una excepción a lo anterior en lo que se refiere a la información que no guarda relación con los alérgenos, cuando hablamos de los alérgenos arriba referidos (los incluidos en el Anexo II del Reglamento Europeo) dicha excepción no tiene cabida: la información sobre esas 14 sustancias o componentes con potencial alergénico relevante debe estar siempre, al menos, en español. Puesto que lo que se pretende es evitar riesgos, no tiene ningún sentido dificultar el acceso a la información a las personas que no conozcan la lengua oficial propia de una u otra Comunidad Autónoma.

Esta vez, tampoco ha podido ser.

La Junta de Andalucía aprobó ayer su Oferta Pública de Empleo del Servicio Andaluz de Salud para 2015.

Una Oferta Pública de Empleo es la previsión de las plazas de empleados públicos que se cubrirán (mediante convocatoria pública, en la cual debe garantizarse que la concurrencia competitiva de los candidatos se lleva a cabo garantizando los principios de igualdad, mérito y capacidad) durante el periodo de tiempo concreto y especificado, para dar respuesta a las necesidades de personal de la Administración a la que tal oferta se refiere: en este caso, el Servicio Andaluz de Salud.

Lamentablemente, no siempre las plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo para un año se cubren durante el año en cuestión. De hecho, en el caso concreto que nos ocupa, las plazas incluidas en la oferta para 2015 se acumulan a las plazas incluidas en las ofertas para 2013 y 2014, que, anunciadas en sus años correspondientes, siguen pendientes de cobertura.

Un total, sumando las plazas correspondientes a los tres años, de 3.282 plazas, distribuidas entre todas las categorías, incluyendo personal sanitario y no sanitario, a adjudicar mediante una serie de pruebas que, supuestamente (dicen que a la tercera va la vencida), se iniciarán antes de que finalice el presente año.

Entre todas esas plazas (en ésto, la tercera oferta no ha supuesto ningún cambio respecto a la primera y la segunda) no hay plazas de alergólogo: ni una sola.

La Junta de Andalucía sigue, entonces, apostando por limitar la asistencia alergológica en el sistema sanitario público de la Comunidad al servicio que pueden prestar algunas Unidades ubicadas casi exclusivamente (las excepciones son anecdóticas) en las capitales de provincia.

Otros especialistas (neumólogos, dermatólogos, otorrinolaringólogos, oftalmólogos, …) seguirán atendiendo la patología alergológica que llamamos órgano-específica porque sus síntomas se limitan de forma predominante a un órgano u aparato (asma bronquial de tipo alérgico, urticaria y dermatitis atópica o de contacto, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, …). Todos ellos, sin duda, perfectamente capacitados para atender estas patologías.

Pese a lo cual, las listas de espera para los servicios de alergología… bueno, ahí siguen.

¿Más alergólogos en el Servicio Andaluz de Salud, para potenciar esos servicios cuya demanda no afloja un ápice año tras año?

Esta vez, tampoco ha podido ser.

(Si quieres conocer la Oferta Pública de Empleo en cuestión,  puedes verla en la página web de la propia Junta).