Sobre el Convenio Marco de la OMS para Control del Tabaco y la implicación de nuestros poderes públicos.

En respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo, en el año 2003 la Organización Mundial de la Salud propuso un Convenio Marco para el Control del Tabaco (que se conoce por las siglas CMCT OMS: Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud), basado en pruebas científicas, que reivindica el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr, instando a los poderes públicos a adoptar medidas de diverso tipo para controlar y disminuir las consecuencias de la mencionada epidemia.

Entre tales medidas, hay algunas dirigidas a conseguir la reducción de la demanda, y otras dirigidas a conseguir la reducción de la oferta.

Las principales disposiciones del Convenio relativas a la reducción de la demanda
incluyen las siguientes:
– Medidas relacionadas con los precios e impuestos para reducir la demanda de tabaco.
– Medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco, a saber:
ƒ* Protección contra la exposición al humo de tabaco;
ƒ* Reglamentación del contenido de los productos de tabaco;
ƒ* Reglamentación de la divulgación de información sobre los productos de tabaco;
ƒ* Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco;
ƒ* Educación, comunicación, formación y concientización del público;
ƒ* Publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; y
ƒ* Medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia y al abandono del
tabaco.
Las principales disposiciones del Convenio relativas a la reducción de la oferta incluyen las siguientes:
– Lucha contra el comercio ilícito de productos de tabaco;
– Evitar lasventas a menores y por menores; y
– Apoyo a actividades alternativas económicamente viables.
Como en cualquier tratado internacional, esas disposiciones vinculan a los Estados o/y Organizaciones firmantes. En la actualidad, el Convenio cuenta con 168 signatarios, entre ellos la Comunidad Europea, lo que lo convierte en el tratado más respaldado de toda la historia de las Naciones Unidas.
Si quieres leerlo completo, pulsa sobre el enlace:
En España, la Ley 42/2010 (la popularmente conocida como «Ley antitabaco», que entró en vigor el 2 de enero de 2011) es el ejemplo más claro de disposición normativa orientada al cumplimiento del compromiso asumido en este tratado. Las medidas de mayor repercusión social que introduce esta Ley son la extensión de la prohibición de fumar a cualquier tipo espacio de uso colectivo, local abierto al público, que no esté al aire libre, con una única excepción otorgada a centros de internamiento penitenciario y psiquiátrico y en zonas y habitaciones delimitadas en centros residenciales de mayores. La ley antitabaco anterior (de 2006) ya prohibía el consumo de tabaco en los centros de trabajo, pero esta nueva Ley considera que los bares y restaurantes también son un centro de trabajo, el de los empleados (camareros, personal de limpieza…) que trabajan en él, por lo que hace extensiva a ellos la prohibición de fumar.
Sin embargo, desde la entrada en vigor de esa Ley no han tenido lugar nuevas iniciativas normativas enfocadas a profundizar en este ámbito, a pesar de que el impacto del tabaco en España sigue siendo alarmante, como causante de enfermedades y sufrimiento y con 160 muertes cada día atribuibles al mismo. Diversas asociaciones y organizaciones denuncian que, en la actualidad, a diferencia de otros países de nuestro entorno como Reino Unido, Irlanda o Francia, en España el control del tabaco está fuera de la agenda política y parlamentaria.
Por ello, el próximo jueves día 25 de febrero, la Organización Médica Colegial, junto con el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT), la iniciativa ciudadana “Porque nosotros SÍ” para el avance de la Ley de Tabaco (XQNS) y el Instituto Catalán de Oncología como centro colaborador de la OMS para el Control del Tabaco organizan una jornada para intentar que el control del tabaco vuelva a la agenda política como un grave problema de Salud Pública. La Jornada se celebrará el día mencionado a partir de las 11:00 horas en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, ubicada en el nº 11 de la Plaza de las Cortes de Madrid, y se puede acceder a su programa pulsando sobre el cartel anunciador:
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Día Mundial de las Enfermedades Raras 2016: «Creando Redes de Esperanza»

En este año bisiesto, el Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebrará el próximo 29 de febrero.

La Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, que representa a 301 asociaciones (y de la que ya hablamos hace unas semanas para destacar su labor de sensibilización e información en distintos ámbitos), está implicándose a fondo para llamar la atención y concienciar a la sociedad sobre lo que supone convivir con una enfermedad rara, y contribuir a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Han puesto en marcha la campaña «Creando Redes de Esperanza«, y con la participación de más de cuarenta organizaciones y corporaciones, públicas y privadas, están desarrollando unas 200 actividades en toda España durante este mes de febrero. Una de sus principales y más razonables reivindicaciones inmediatas es la de conseguir que, a pesar de que los servicios públicos de salud, gestionados por las Administraciones Autonómicas, presentan peculiaridades entre sí, se garantice el acceso igualitario a los recursos sanitarios de los más de tres millones de personas que padecen alguna de estas enfermedades en España, sin que su lugar de residencia pueda condicionar diferencias significativas.

En el ámbito de Andalucía, el pasado viernes 19 se celebró una jornada de trabajo en el propio Parlamento Andaluz, durante cuya inauguración, Juan Pablo Durán, su presidente, manifestó el compromiso de la Cámara de seguir aprobando leyes para alcanzar una igualdad real y efectiva de estos enfermos y sus familias en el acceso a la educación y sanidad públicas, el bienestar y de sus condiciones de vida. En el mismo Acto, el actual Consejero de Salud de Andalucía, Aquilino Alonso, destacó que la inversión andaluza asociada a proyectos de ámbito internacional relacionados con las enfermedades raras se eleva a 13,2 millones de euros, que en los últimos tres años se han desarrollado en Andalucía más de 75 proyectos de investigación en enfermedades raras, y que los profesionales del sistema sanitario público andaluz han solicitado 37 patentes relacionadas con estas enfermedades.

En múltiples ciudades, como Málaga, las marquesinas de las paradas de autobuses exhiben el cartel que ilustra esta entrada, en el que tres personas ampliamente conocidas por el público (Christian Gálvez, Alexandra Jiménez y Sergio Dalma) ejercen como embajadores solidarios de la causa.

Por su parte, el Pleno de las Cortes de Castilla y León acordó el pasado 17 de febrero, por unanimidad de la Cámara, instar a la Junta a iniciar el estudio para la creación de una Unidad de Diagnóstico Avanzado para Enfermedades Raras en la Comunidad (que se ubicaría en Salamanca), enmarcada en un programa global de atención a este colectivo. Salamanca se convertiría así en pionera en Europa, al dotarse de una Unidad especializada para el diagnóstico de estas enfermedades. Se trata, sin duda, de una medida bienintencionada y con amplia repercusión mediática. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen más de 6.000 enfermedades raras, y que muchas de ellas no tienen más relación entre sí que el hecho de su escasa prevalencia (no más de 5 casos por cada 10.000 personas), la operatividad de una Unidad de estas características no resulta fácil de imaginar.

Dicho lo cual (circunstancia que probablemente resultará condicionante una vez que se haga un estudio técnico serio de la propuesta), no podemos sino alegrarnos de constatar que los poderes públicos manifiesten voluntad de implicarse en la mejora de la calidad de vida de estos enfermos, y estamos seguros de que la participación de los profesionales sanitarios permitirá que algunas de sus propuestas puedan contribuir realmente a ese objetivo.