Varios países europeos ofrece ayudas destinadas a las personas celíacas. En Reino Unido, por ejemplo, los alimentos especiales se compran con prescripción médica y son gratuitos hasta los 16 años y a partir de los 65; en las edades intermedias se abona un copago al año. En Francia, la Seguridad Social abona a cada niño celíaco una determinada cantidad al mes y otra a los adultos por los alimentos especiales adquiridos, justificados con las etiquetas. En otros países se contemplan deducciones y beneficios fiscales.

En España, sin embargo, no se ha establecido en el ámbito estatal ninguna ayuda, ni desgravaciones fiscales para las personas celíacas. Sólo algunas Comunidades Autónomas han articulado algún tipo de ayuda o prestación para este colectivo, y además durante la crisis esta situación se ha visto afectada por la coyuntura socioeconómica.

Consciente de esta realidad, la institución del Defensor del Pueblo ha decidido implicarse para para que las administraciones reconozcan las especiales circunstancias de los celiacos y para que los precios de los productos sin gluten sean aceptables, bien a través de rebajas fiscales o ayudas públicas.

Como primera medida, puso en marcha una encuesta destinada a conocer las necesidades de estas personas, a la cual ya nos referimos en este blog en el pasado.

Pues bien, ya están disponibles unos primeros resultados procedentes del procesamiento de la información conseguida mediante esa encuesta, y la semana pasada el Defensor del Pueblo los hizo públicos.

Destacan en primer lugar la excelente participación con que ha contado el sondeo, pues entre el 21 de junio y el 15 de julio se han recibido 12.059 encuestas.

Los participantes en la encuesta consideran que han de enfrentarse a circunstancias difíciles por su enfermedad. Una gran mayoría ha señalado al precio de los alimentos sin gluten como una de sus mayores preocupaciones (para el 91% incide mucho en su vida cotidiana). Más del 90% de las personas que han respondido consideran que el seguimiento de la dieta sin gluten supone un sobrecoste superior al 20% en el precio a abonar por productos de consumo básico.

Se confirma que la gran mayoría de encuestados (92 %) no ha recibido ayudas de ningún tipo para hacer frente a la dieta que deben seguir como tratamiento. Y en cuanto a las medidas que consideran como necesarias, las cuatro propuestas recogidas en la encuesta ( a saber: ayudas económicas directas, beneficios fiscales, mejor etiquetado o ampliación de la oferta hostelera) han recibido porcentaje semejantes, aunque destaca como primera medida la ampliación de la oferta en hostelería, comedores escolares, comercios y lugares de ocio.

A partir de estos datos el Defensor del Pueblo prepara un documento de trabajo para continuar con el proceso de elaboración del estudio. El documento final de dicho estudio será presentado a las Cortes Generales y hecho público para general conocimiento.

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