Archivo por meses: noviembre 2016

Clamor popular en Andalucía por una sanidad digna

Hubo un tiempo en que teníamos muchos motivos para estar orgullosos de nuestro servicio público de salud, y, de hecho, estábamos orgullosos. Incluso llegábamos a decir (porque de verdad lo pensábamos) que teníamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, si no el mejor.

Las bases de nuestro Sistema Nacional de Salud se establecieron en 1986 con la llamada Ley General de Sanidad. Se creó entonces un sistema de salud con vocación de universal, que ofrecía una atención integral de forma gratuita en la mayoría de los casos, y esgrimía la equidad (un concepto relacionado con la justicia social, que hace referencia a dar a cada cual en función de sus necesidades) como una de sus banderas: motivos, como decíamos, para estar orgullosos.

Pero pasaron las décadas, y el desequilibrio resultante de los recursos necesarios (para mantener una medicina de calidad, con un elevado nivel de tecnificación, para todos en todas las circunstancias) y los que realmente se inyectaban al sistema (en un escenario de crisis económica global, en el que, además, las prioridades de quienes tenían capacidad de decisión no siempre han coincidido con las de los ciudadanos) dieron como resultado múltiples deficiencias que, a pesar de los esfuerzos de los profesionales sanitarios, han terminado repercutiendo sobre los pacientes. Durante años, el sistema se ha estado manteniendo gracias a contar con profesionales extraordinariamente preparados, extraordinariamente motivados, y extraordinariamente mal pagados (muy por debajo de la mayoría de países de nuestro entorno), capaces de dejarse la piel para sostener sobre sus hombros el funcionamiento de los servicios, a pesar de niveles de precariedad laboral y de sobrecarga de trabajo que no se dan en otros sectores.

Y en la actualidad, a pesar de ello, las carencias del sistema son evidentes, aunque desde el Gobierno (en este caso, del Gobierno de las Comunidades Autónomas, en nuestro caso la Junta de Andalucía, pues las competencias de asistencia sanitaria están transferidas a las Comunidades Autónomas) se intente transmitir públicamente otra imagen diferente.

Y, finalmente (¡por fin!), ya no son sólo los profesionales sanitarios los que están denunciando la situación, sino que la población ha decidido implicarse para reivindicar una sanidad digna.

En Andalucía, la punta de lanza ha sido Granada, donde un médico de urgencias hospitalarias, Jesús Candel, más conocido por el apodo “Spiriman” se ha erigido en líder y en símbolo de la unión entre profesionales y usuarios, consiguiendo, valiéndose de una utilización constante y entusiasta de las redes sociales, aunar a unos y otros para reivindicar mejoras en una sanidad cuya gestión se estaba considerando ya intolerable. Y otras ciudades andaluzas se están uniendo a la protesta, pues el mal es general.

Ayer domingo hubo manifestaciones para reivindicar una sanidad digna en Granada, Málaga y Huelva, en las que participaron decenas de miles de personas.

Con diferencia, la de Granada fue la más multitudinaria, pero el clamor simultáneo (por supuesto, no casual) en las tres ciudades andaluzas es una muestra de que la conciencia se está expandiendo.

Hubo un tiempo en que estábamos orgullosos de nuestro servicio público de salud, y teníamos motivos para ello. Hoy, nos sentimos orgullosos  de que decenas de miles de personas, profesionales y usuarios, se manifiestan de forma reiterada (incluso a pesar de un tiempo inclemente) para reivindicar mejoras en el mismo. Lamentablemente, también tenemos motivos para ello.

pancarta

Pancarta que encabezaba la manifestación en Málaga.

Psicólogos en los centros de salud, hospitales sin alergólogos: la paradoja del Servicio Balear de Salud.

Esta semana hemos sabido que el Parlamento Balear ha aprobado por unanimidad una proposición para instar a la Consejería de Salud de esa Comunidad a que incluya el servicio psicológico en los centros de salud públicos, con presencia de psicólogos clínicos en dichos centros.

A priori, parece una medida acertada, pues una parte muy importante de los problemas de salud atendidos en Atención Primaria están relacionados con la salud mental, y la presencia de estos profesionales en el primer nivel de asistencia permitirá un abordaje especializado de los mismos sin necesidad de plantear derivaciones a otros niveles.

No podemos decir que la medida sea absolutamente pionera en España, pues ya hay algunas iniciativas que permiten a los profesionales de la salud mental implicarse en el primer nivel de asistencia. En Andalucía, por ejemplo, existen dispositivos de salud mental vinculados a los distritos de atención primaria, los Equipos de Salud Mental de Distrito, pero, aunque están concebidos como centros de apoyo a la Atención Primaria, actúan realmente como puerta de entrada a la red de Salud Mental especializada: atienden los problemas de salud mental de la población (de todas las edades) derivados desde Atención Primaria, y coordinan las actuaciones del resto de dispositivos específicos. Existen experiencias de actuaciones de sus profesionales en el propio centro de salud, pero se trata de actuaciones puntuales en las que actúan como apoyo a los profesionales del equipo básico de atención primaria (médicos o enfermeros), sin que ello suponga continuidad en la asistencia de esos pacientes por parte de tales especialistas.

Desde hace algunos años, la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR) pide a la administración que se mejore la accesibilidad de los españoles a los servicios de un psicólogo en su propio centro de salud, argumentando que ello podría traducirse en un importante descenso del uso de psicofármacos, así como una reducción de la incidencia o duración de bajas laborales causadas por enfermedades como la depresión. Antes de que acabe el presente año 2016, está previsto iniciar un programa piloto para valorar la integración de la figura del psicólogo clínico en la Atención Primaria, en cuyo diseño ha jugado un papel destacado el Consejo General de Psicología y cuya primera fase implicará a 150 centros de salud de todo el país. Pero la realidad es que su posible eficacia aun no ha podido medirse, y el Ministerio de Sanidad todavía no ha concretado el posible coste de esta medida.

En este escenario, podemos decir que el Servicio Balear de Salud va a apostar de forma decidida por una medida que, aunque intuitivamente parece que puede resultar eficaz y eficiente, en la práctica aún no ha demostrado su eficacia ni se ha calculado de forma precisa su coste.

Y ojalá les salga bien, y ojalá pronto podamos beneficiarnos también todos los demás de esa medida.

Pero llama la atención constatar que se trata de la misma Comunidad Autónoma que, en contra del criterio generalizado de todo el resto del Sistema Nacional de Salud, sigue sin brindar a sus ciudadanos la posibilidad de ser atendidos en el servicio público de salud por un alergólogo. Por desconcertante que pueda resultar, Baleares es la única Comunidad Autónoma sin alergólogos en sus hospitales públicos. Y fue este mismo Parlamento Balear el que rechazó, en el primer semestre de este año, incluir en la cartera de servicios asistenciales del Servicio Balear de Salud la especialidad de alergología.

Este verano, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica calculó exactamente cuánto costaría dotar de un servicio de Alergología para todo el archipiélago, incluyendo todo el coste humano y material, cumpliendo el requerimiento mínimo según el número de alérgicos de las Islas. El resultado fue de 400.000 euros anuales: ese es el precio que costaría al Gobierno Balear cumplir el Real Decreto 1030/2006, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, cuyo fin es “garantizar la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria en el Sistema Nacional de Salud“. El argumento para no hacerlo es que “la población alérgica está bien atendida por otras especialidades”, pero la realidad es que la enfermedad alérgica es una enfermedad sistémica (que afecta a todo el organismo), sus síntomas pueden variar, y el hecho de condicionar manifestaciones en distintos órganos obliga a los enfermos a ir de un especialista a otro sin abordar el problema en su esencia (incluso pacientes con enfermedades alérgicas graves son derivados a Servicios de Alergia fuera de las Islas), lo cual multiplica los costes de la asistencia sanitaria y puede disminuir la calidad de la misma.

Al mismo tiempo, entonces, que persevera en privar a sus ciudadanos alérgicos de una asistencia al menos equiparable a la del resto del territorio del Estado, el Parlamento Balear decide incluir en su servicio público de salud una medida cuya eficacia y coste aún no están determinadas de forma fehaciente.

¿Una paradoja? Así la hemos llamado: la paradoja del Servicio Balear de Salud.

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Mapa de las Islas Baleares, creado por Hansen.